La Contraloría General de la República, a través de un documento oficial, rechazó la denuncia de Juan Pablo Rojas, líder del movimiento Deuda Educativa y fundador de Defensa Educación, en donde se denunciaba el cobro ilegal de garantías estatales por parte de los bancos, en el marco del financiamiento que hay detrás del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Cabe recordar que la primera semana de febrero, Rojas se trasladó presencialmente a la Contraloría General de la República, y también a la Tesorería, para entregar todos los antecedentes necesarios para dar fuerza y valor a su importante, y a la vez, indignante acusación. Sin embargo, la respuesta de la Contraloría no fue la esperada.

El organismo, mediante la respuesta oficial, ratificó que “en tal contexto normativo, y atendido lo señalado en el artículo 13, de la anotada Ley de Transparencia, cumple con indicar que no se podrá acceder al requerimiento de información, toda vez que el Órgano competente para responder la solicitud es la Subsecretaría de Educación Superior. En consecuencia, se remitirá su presentación a la entidad en comento, para que se sirva dar respuesta directamente al interesado“.

Esto quiere decir que será Víctor Orellana, Subsecretario de Educación Superior y exmiembro de Deuda Educativa, quien deberá estudiar la denuncia emitida por parte de Juan Pablo Rojas y tomar las acciones y pasos a seguir de acá en adelante, ya que la Contraloría General de la República se lavó las manos y decidió no tomar en cuenta la petición.

En pocas palabras, la Contraloría General de la República informó que, pese a la gravedad de la denuncia, no se puede tener acceso a la información concreta que se maneja tanto en los bancos como en el Mineduc para financiar el CAE. Esto abrirá el paso a que continúe el macabro negocio bancario a raíz del Crédito con Aval del Estado, ya que no se le pone “stop” al fraude denunciado en todas sus líneas por Juan Pablo Rojas.

Así como en 2017 el movimiento Deuda Educativa se preparó para presentar un recurso de protección para frenar la retención de de la devolución de impuestos, intención que luego Juan Pablo Rojas materializó con una carta a Gabriel Boric, nuevamente el activista por la educación se jugó todas las cartas para detener el abuso.

Por su parte, en relación con la fiscalización solicitada por parte de Juan Pablo Rojas, para que se pueda monitorear el mismo tema anteriormente explicado, Contraloría respondió que “se remitirá su presentación a la División de Fiscalización, de esta Contraloría General, para su conocimiento y resolución“.

En los próximos días, y una vez estudiada la respuesta de la Contraloría en todos sus puntos e interpretaciones, Juan Pablo Rojas emitirá una declaración pública que se publicará en las redes oficiales de Defensa Educación, además de ser compartida con todos los medios de comunicación interesados en dar cobertura.